Por Julio López Manquepillan
Históricamente se han mencionado cuales fueron los elementos y las formas de dominación y asimilación usados por los winkas para someter a nuestra población a un régimen de carácter colonialista que nos rige hasta el día de hoy. En un primer momento a la llegada del Hispano, fueron las fuerzas de las espadas las que cumplieron con ese fin. Al no lograr imponerse durante varios siglos por aquella vía, entraron en escena las famosas órdenes religiosas al amparo de la Iglesia Católica y avaladas por la Corona Española en su momento, mas tarde por los Estados-Nación en América.Sin embargo existe un elemento que fue imprescindible y de vital importancia para lograr tal fin: LA EDUCACIÓN.
Paulatinamente, la escuela (por nombrar un solo agente, el que nos interesa aquí) logro imponerse por sobre el modelo educativo propio de cada uno de los Pueblos originarios de América, a través de una política impulsada por los respectivos Estados-Nacionales, política asimilacionista y monocultural, que convertía al “indio” en sujeto “civilizado” y de esta forma “integrarlos” a la vida nacional, y de paso dejar de ser un obstáculo para el desarrollo nacional.
Pero ¿Qué consecuencias trajo tal imposición? En primer lugar provocó la desvalorización y negación de los conocimientos tradicionales que llevo, asimismo, la deslegitimación de las autoridades ancestrales encargadas de la formación tradicional. Se llevo a cabo la implantación de un solo molde lingüístico-cultural: el chileno, por lo tanto imponiendo el castellano como idioma oficial conllevando con ello a la pérdida de las lenguas originarias, elemento fundamental de proyección de los Pueblos Indígenas.
No es la idea extenderse más sobre las consecuencias y antecedentes históricos a los que fuimos sometidos tras la pérdida de nuestra autonomía como Pueblo. Lo que nos interesa aquí es llevar a un análisis crítico (debate) sobre la contingencia actual, poniendo puntos sobre la mesa acerca de nueva “Ley General de Educación” impulsada por el actual gobierno.
Chile ha suscrito una serie de tratados y acuerdos tanto a nivel interno como externo, los cuales sustentan nuestros derechos educativos en Chile. Actualmente el marco legal de estos acuerdos y tratados se sustentan en:
a) La Constitución Política de la República.
b) Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)
c) Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
d) Ley Indígena Nº 19.253
Si bien el Estado de Chile ha suscrito estos acuerdos y tratados, considero que este marco legal es solo con el fin de hacer ver su “cara bonita” a la comunidad internacional, ya que en la práctica no existe la voluntad política para aplicar y hacer valer lo que allí se establece. Existe nula disposición por parte del Estado de reconocer los derechos allí mencionados, no solamente esto ocurre en materia educacional, sino que también en otras legislaciones que se han aprobado, donde de forma descarada se han violado dichos acuerdos y tratados (Convenio 169 por ejemplo), y cuando la ciudadanía (llámese movimiento mapuche, organizaciones, sociedad civil…) hace valer sus derechos, el Estado ha mostrado la peor de sus caras.
En cuanto a la aprobación de la LGE, no creo que la situación sea muy diferente. Tal ley es sucesora de la tal famosa LOCE (que en su momento todos hablaban y opinaban sobre ella, sin embargo pocos sabían de que se trataba realmente) y por lo tanto, la esencia de la nueva ley tiene sus precedentes en uno de los muchos “amarres” que dejo la dictadura militar. Por lo tanto su carácter fascista y discriminador se mantiene sin alteración alguna.
Son muchos los vacios que deja la LGE con respecto a la situación indígena en general, y sobre todo, al no reconocimiento del resto de tratados firmados por Chile. Como ejemplo de lo anterior en su artículo Nº 3, habla sobre el sistema educativo chileno, (universalidad de la educación, equidad, calidad etc) sin embargo no menciona las bases que debieran sustentar tal sistema educativo como lo son los derechos establecidos en la constitución, los tratados firmados y ratificados por chile, etc. Establece además la integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad, pero no dice nada sobre aquellos sectores o colectivos que no forman parte de la sociedad y cultura chilena, como los pueblos indígenas. Tampoco establece una educación especial para aquellos según sus características. Quizás este sea uno de los puntos más importantes a analizar, dado que de aquí se desprenden otros aspectos y lo que es peor, abiertamente no se reconoce la pluriculturalidad de la sociedad nacional, demanda que ha sido históricamente planteada al Estado.
Siguiendo la misma línea, tanto la LOCE como la LGE, establecen la participación e información de la comunidad educativa dentro del proceso educativo de la escuela. Por comunidad educativa se entiende, según la LGE, aquella compuesta por “alumnos, padres, apoderados, asistentes de la educación y sostenedores educacionales”. Pero en ninguna parte se mencionan a las comunidades indígenas como parte de la comunidad educativa, tampoco las juntas de vecinos para el caso de los winkas (o sociedad civil para no caer en prejuicios innecesarios). Es decir, aparte de no ser informados ni de participar dentro de la comunidad educativa, en la formulación de los PEI (Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento), no salen mencionados, o lo que es lo mismo no existen para efectos de la ley, al final nos quedamos igual: sin participación y sin reconocimiento. Para que más!!
Dándole un poco más de vuelta al asunto, tal situación es grave y vergonzosa, ya que Chile por su contexto y realidad plurinacional, hace oídos sordos a las demandas por educación de parte de los Pueblos Indígenas, dado que en muchos establecimientos educacionales, sobre todo en el sur del país, existe un porcentaje elevado de estudiantes indígenas, mapuche en este caso. Más aun estos establecimientos se encuentran en el territorio histórico mapuche, por tanto se encuentran rodeados de comunidades mapuche.
En los artículos 21, 22 y 23 se especifican ciertas modalidades de la educación (educación especial o diferencial y la de adultos específicamente) pero no se hace mención sobre la Educación Intercultural Bilingüe. Debiera incluirse un nuevo artículo específicamente sobre este tema. Como lo señala la Propuesta de las Organizaciones Territoriales Mapuche, propuesta presentada en Enero de 2007 al Gobierno, “La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad educativa dirigida a los niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen al educando en su especificidad cultural y de origen, y en la cual se enseñan y transmiten la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, y a la vez establece un dialogo armónico con las distintas sociedades que confluyen y conviven en la nación chilena y el mundo globalizado”
Este es un gran desafío que debe enfrentar el Estado de Chile. Como hemos visto, estos son solo algunos argumentos y puntos de vista en base sobre unos pocos artículos de la LGE, pero que sin embargo son de gran importancia a la hora de analizar nuestra real participación, como mapuches en particular, en el sistema educativo chileno.
Los desafíos que presenta este proyecto de ley son bastantes. En primer lugar el Estado debe velar por una educación con identidad en todos sus niveles (primaria, básica, media y superior), como parte de los derechos consuetudinarios de los Pueblos Originarios, a la vez que en los establecimientos educacionales se considere el respeto y la tolerancia a la pertenencia cultural de los mismos. Pero no sirve de mucho que estos derechos solo se reconozcan en los papeles, sino que también deben ser llevados a la práctica, y quizás lo más importante, deben trascender en toda la sociedad nacional, donde los estudiantes de Chile sean educados en la aceptación y valoración del otro. La educación intercultural forma parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con los Pueblos originarios. La forma en que el Estado ha enfrentado tal situación es de tipo asimilacionista y monocultural. Como pueblos indígenas en general, y Mapuche en particular, tenemos el legítimo derecho a recibir una educación de acuerdo a nuestra realidad histórica y cultural.
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