En Pucón no solo están preocupados del turismo. Su gente, incluida su alcaldesa, también están atentos a los impactos medioambientales, sociales y culturales, que están generando diversos proyectos de inversión en todo el territorio y la cuenca del lago Villarrica, cuyas comunas aledañas son Villarrica, Pucón y Curarrehue.Así quedó demostrado este viernes en la reunión amplia desarrollada en al auditórium de la municipalidad de Pucón, hasta donde llegaron la Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, y el integrante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, diputado Fernando Meza. El Presidente de la Comisión, Diputado Leopoldo Pérez, no pudo llegar por falta de cupo en el avión.
Principales temas abordados
La sesión comenzó con una breve exposición de la Alcaldesa de dicha comuna, Edita Mansilla, quien resaltó básicamente tres temas. La primera relacionada con una multa al municipio por casi 400 millones de pesos, por no haber hecho uso de los derechos de agua inscritos por dicho municipio, cuya finalidad fue salvaguardarla de las empresas hidroeléctricas, que solo pretenden apropiárselas para fines economicistas, sin importar su conservación. “Si no protegemos nuestras aguas, en 20 años no tendremos la calidad actual, ya que muchas comunidades además viven de ellas”, señaló la edil.
Del mismo modo manifestó su preocupación por la fiscalización y sanción que como municipio carecen por ley, y que la requieren para fiscalizar a las empresas que usufructúan de ella. En ese sentido recordó que en 2004, Sernatur declaró la comuna como zona de interés turístico, sin embargo, esta iniciativa no se ha reglamentado aún.
Posteriormente el dirigente Jorge Trinao Ñanco, secretario de la comunidad Antonio Huenuñanco del sector de LLafenko y Tesorero de la Mesa Indígena de la comuna de Pucón, que la componen 12 comunidades, hizo un análisis general de las principales problemáticas medioambientales causadas por la implementación de proyectos de inversión como pisiculturas, centrales de paso, y el interés turístico, “que ha significado que muchas veces las comunidades sean arrinconadas y sus derechos postergados”, expuso. Añadió que la ley 19.253 y el Convenio 169 de la OIT no han sido adecuadamente aplicadas ni consideradas por el estado.
En efecto, cabe recordar en el caso de la piscicultura en la comunidad Palguin de esta comuna, el gobierno anterior al negarse a dar aplicación a estas normas, obligó a los afectados a recurrir a tribunales para exigir su cumplimiento. Un recurso de protección solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco que dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que autorizaba la instalación de una piscicultura salmonícola a 720 metros rio arriba del emplazamiento de las comunidades mapuche de Palguin Bajo y Antonio Huenuñanco, sin haberlas consultado previamente, conforme a las reglas señaladas.
Si bien el tribunal de Temuco acogió el recurso, la empresa recurrió a la Corte Suprema quienes resolvieron a favor de la empresa y su proyecto. Con esto, “la propia Corte Suprema vulneró la igualdad ante la ley, al omitir la aplicación de normas vigentes, como las del Convenio 169 y las de la Ley 19.300”, concluía el abogado del Observatorio Ciudadano, Matías Meza, en su artículo de análisis, ”El caso del Lof Palguin ante la Corte Suprema: Una sentencia para olvidar”.
Compromisos
“Sobre establecer un procedimiento de consulta como lo mandata el convenio 169, estrictamente lo debe plantear el gobierno y debe diseñar metodologías”, respondió la diputada Sepúlveda a esta pregunta. Acotó que no sabe si existe voluntad de este gobierno de implementar este convenio, pero como presidenta de la Cámara de Diputados, “vamos a instar a que eso ocurra”, añadió.
Se comprometió también a desarrollar un seminario con la OIT en la Región de la Araucanía, de tal manera que estos expliquen los pasos, y estudiar sobre la reglamentación. Pero aclaró que eso no tiene que ver con la obligación del parlamento, sino, “es el ejecutivo el que tiene que implementarla, el gobierno”, enfatizó. Agregó, que lo conversará con el Ministro Larroulet, y si no hay voluntad, “lo haremos nosotros”, dijo.
Lo tercero, informó que ya fue aprobada en la cámara una comisión de derechos indígenas, que se convertirá en ley que pueda fiscalizar las instituciones como CONAF, CONADI y distintos órganos del estado, comentó. “Nos llevamos todas las inquietudes y queremos contestarlas también formalmente, muchos de ellos no vamos a tener capacidad de darle respuesta”, dijo la parlamentaria y añadió, “que todos los problemas serán llevadas a las instancias que corresponden.
POR ELÍAS PAILLAN - PUCÓN, WALLMAPU - 22 / 11 / 10
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